Tres de “Los Injertos del Norte” ya duermen en “cana”
Tres sujetos, entre ellos una mujer, fueron internados por nueve meses en el penal de Chiclayo luego de que el Juzgado de Investigación Preparatoria de José Leonardo Ortiz declaró fundado el pedido de prisión solicitado por la fiscalía que los investiga, por los delitos de robo agravado y reglaje.
Ellos son José Daniel Cordova Fernández, Daniel Gregorio Rivera Saguray y Jackeline Luz Elita Urquiza Alvarado, quienes, según la policía, pertenecerían a la banda delincuencial “Los Injertos del Norte”.
En sus alegatos, la fiscal Luisita Onelia Ruiz Chapoñán, de la Primera Fiscalía Provincial Penal de José Leonardo Ortiz, refiere que el 26 de octubre de 2022, hasta el Área de Investigación de Robos la DIVINCRI llegó la persona de Carlos Mendoza para denunciar que fue víctima de asalto por varios sujetos que se movilizaban en motocicletas y autos, provistos de armas de fuego, y lo despojaron violentamente de 57 520 soles que minutos antes había retirado de la entidad bancaria BBVA Continental, ubicada en la avenida El Dorado, cuadra 12, del distrito de José Leonardo Ortiz.
Diligencias
Tras las denuncia, agentes de la unidad especializada realizaron varias diligencias y logaron obtener imágenes de videovigilancia donde observaron que los maleantes se desplazaban en dos vehículos. Asimismo, detectaron que fueron tres sujetos, dos de sexo masculino y una mujer, quienes realizaron el “marcaje”.
También, por otros vídeos, los investigadores determinaron que fueron tres sujetos, a bordo de motocicletas, quienes asaltaron al agraviado, además que uno de ellos, portando un arma de fuego, lo golpeó en la cabeza y le causó lesiones.
Tras conocer las placas de los vehículos, los efectivos policiales averiguaron quiénes eran los propietarios de las unidades, es en esas circunstancias que son alertados que las unidades se encontraban en la ciudad de Piura.
Viajan
Días después, los agentes PNP viajaron a la ciudad de Piura a fin ubicar y capturar a los presuntos autores del ilícito penal perpetrado en la ciudad de Chiclayo.
Cuando se encontrban por la avenida Ignacio Merino de la ciudad de Piura, los policías observaron a dos sujetos que se hallaban recostados sobre la puerta lateral -lado derecho- del vehículo de placa de rodaje T3B-065, color gris oscuro, que estaba estacionado en el frontis de una vivienda, sin embargo, estos notaron la presencia policial y emprendieron la fuga por uno de los pasajes “C1”, dejando abandonada la camioneta.
De igual forma, el personal policial interviniente se percató que en sentido diagonal, a unos 40 metros aproximadamente, se encontraba otro vehículo con placa trujillana T3V-275, color negro, con dos personas a bordo, de sexo masculino y femenino (piloto y copiloto), respectivamente, quienes también se dieron cuenta de la presencia policial y trataron de salir raudamente de dicho lugar. Ellos fueron identificados como el conductor José Córdova, natural de Trujillo, y como copiloto se hallaba Jackeline Urquiza, natural de Trujillo. En la unidad, los agentes ubicaron prendas de vestir que al parecer los investigados usaban para su labor de “marcaje”.
Habla
Tras la detención, el conductor de dicho vehículo, José Córdova, refirió que colaboraría con la investigación, además indicó que se encontraba en dicho lugar a la espera de unos amigos para dirigirse hasta el centro comercial Real Plaza de Piura, ya que se encontraba encaminado a una ‘chamba’ (robo).
De igual modo, los agentes chiclayanos solicitaron apoyo a sus colegas de la DIVINCRI Piura con el fin de que se constituyan a dicho lugar y se intervenga al ciudadano Daniel Rivera, natural de Guayas, Guayaquil, Ecuador.
Se informó que el extranjero y el conductor del auto aceptaron haber participado en el asalto a Carlos Mendoza, por lo que fueron trasladados a esta ciudad.
Para la representante del Ministerio Público, los investigados pertenecerían a una red criminal que operan en las ciudades de Piura, Trujillo y Lambayeque, y serían 10 sus integrantes.
Se conoció que ante el juez se logró demostrar que los investigados tienen un débil arraigo laboral y domiciliario, además habría la posibilidad de fuga debido a que la prognosis de pena sería no menor de 15 años.
